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SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR COM. VALENCIANA ANULACION VALORACION COEFICIENTES CONSELLERIA

En el recurso contencioso-administrativo con el número 26/2.015, interpuesto por Don Santiago ,
representado por el Procurador Doña Beatriz Llórente Sanchis y defendida por el Letrado Don Alberto García
Pérez, contra la desestimación presunta por silencio administrativo del T.E.A.R de la Comunidad Valenciana
de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la liquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales número NUM000 , de fecha 20 de mayo de 2.014, girada por OL de Elche y por importe de
5.249,89 €.
Han sido parte en los autos la Administración Tributaria, asistida por el Abogado de Estado y la
Generalidad Valenciana, representada por el Letrado de la Generalidad; y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado
Don. MIGUEL A. OLARTE MADERO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites legales, se emplazó a la demandante para
que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito solicitando se dictara sentencia por la que se
declarase nula las resoluciones impugnadas.
SEGUNDO.- Por la parte de la Generalidad Valenciana se contestó a la demanda mediante escrito en el
que solicitó se declarase la plena conformidad a derecho de la resolución impugnada. El Abogado de Estado
se adhiere a la Generalidad al versar la impugnación sobre el fondo del recurso.
TERCERO.- No habiéndose recibido el proceso a prueba, quedaron los autos pendientes de votación
y fallo.
CUARTO.- Se señaló la votación y fallo del recurso para el día 28 de octubre de 2.015
QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna en el caso presente la desestimación presunta por silencio administrativo
del T.E.A.R de la Comunidad Valenciana de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la
liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales número NUM000 , de fecha 20 de mayo de 2.014,
girada por OL de Elche y por importe de 5.249,89 €..
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La actora, en síntesis, impugna la liquidación en base a la falta de motivación e individualización de la
comprobación de valores y falta de inspección o reconocimiento del inmueble a valorar.
La Generalidad Valenciana, se opone a ello y mantiene la conformidad a derecho de la liquidación
impugnada que se realizo sobre la base de la Orden 23/2.013 de 20 de diciembre de la Conselleria de Hacienda
y Administraciones Publicas.
SEGUNDO.-Las cuestiones litigiosas son sustancialmente idénticas que las resueltas en La Sentencia
de la Sección Tercera de esta Sal de de uno de octubre de 2.013, dictada en el recurso 2040/12 ., que
establecía: "[...] La persona destinataria de la liquidación litigiosa supo que la comprobación de valores hubo
atendido a la descripción del inmueble recogida en la "ficha catastral" (superficie, tipología de la construcción,
categoría constructiva, antigüedad, existencia de reformas o rehabilitaciones o el estado de conservación de
la finca a valorar), no a otras posibles descripciones. Supo también que el valor del suelo y el valor de la
construcción, aplicados por la Administración Tributaria Valenciana, estuvieron en función de la ubicación del
inmueble y se calcularon unitariamente: que ambos valores se apoyaron en determinados estudios de mercado
elaborados por dicha Administración y que a su vez tuvieron en cuenta otros del Ministerio de Economía, de
modo tal que a los valores de suelo y de construcción les fueron aplicados unos coeficientes de "actualización"
basados -también- en apreciaciones de dicha Administración Valenciana. Supo la persona destinataria de la
liquidación que el "valor actualizado" del inmueble se multiplicó por los "coeficientes por antigüedad, tipología y
estado de conservación" (RD 1020/1993) y que el resultado se multiplicó a su vez por "el coeficiente de gastos
y beneficios de promoción" (coeficiente Kp. "siendo su génesis igualmente de inspiración en la normativa
catastral").
En el expediente administrativo, además, obran planos, fichas y remisión a la página web de la
Administración Tributaria a fin de consultar los estudios de mercado.
No puede negársele a la Generalitat Valenciana su esfuerzo para explicar los criterios en los que apoyó
su valoración de la base imponible y superar con ello los defectos que nuestra STSJCV 1/2008 detectó en su
anterior método de comprobación de valores estos esfuerzos -en este punto de la motivación de la decisiónno
han sido baldíos. No estamos ante una explicación apodictica ni ante un voluntarismo administrativo, al
contrario, a la persona destinataria de la liquidación tributaría se le ha servido como fundamento de ésta
"una argumentación expresada, suficiente, racional y de contenido jurídico", situando a dicha persona en las
condiciones adecuadas para poder cuestionar la liquidación en los sucesivos recursos. Este órgano judicial,
por lo demás, también está en condiciones de controlar dicha argumentación.
En las circunstancias descritas, mal puede sostenerse que la liquidación tributaria impugnada carece
de motivación. De ahí que rechacemos las quejas que la parte recurrente sostiene al respecto.
[...] Es momento de resolver la segunda cuestión litigiosa, relativa a si el método empleado por la
Administración Tributaria en su comprobación de valores es ajustado hasta el punto de que permita desechar,
con arreglo a Derecho, la propuesta que sobre la base tributaria contenía la declaración del sujeto pasivo.
Pero antes de entrar en la cuestión, dejaremos anotados determinados datos que pueden arrojar luz para
resolverla convenientemente.
Con arreglo al criterio de nuestra STSJCV 1/2008 , la motivación de la comprobación de valores en estos
casos tiene que ser "específica e individualizada" y de ello se hizo eco el TEAR en el acuerdo impugnado.
Según el TEAR, el método de comprobación de valores al que la Administración Tributaria Valenciana se
acogió, de entre el elenco del art. 57.1 LGT , es el del "dictamen de peritos" (letra e). Quiere decirse con
esto que la Administración Tributaria Valenciana no habría aplicado el método de comprobación de la letra b)
"estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal".
Nótese por otro lado que ni la regulación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (TR aprobado por RD-Leg. 1/1993 de 24 de septiembre) ni la del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987 de 18 de diciembre) contemplan una gestión administrativa colectiva
en la determinación de las bases tributarias a aplicar. Justo lo contrario de lo que ocurre con el sistema
actualmente consagrado en el Texto de la Ley de Haciendas Locales (TR aprobado por RD-Leg. 2/2004 de
5 de marzo) para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o del Impuesto sobre el incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: en uno y otro impuesto, la base viene determinada por el valor
catastral del inmueble cuantificado por la colectiva Ponencia de valores cuya elaboración se encomienda a
una organización administrativa ad hoc.
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En otro orden de cosas, la Administración Tributaria no está obligada a ajustar las liquidaciones a los
datos consignados en las autoliquidaciones del sujeto pasivo; no hay una presunción de certeza sobre lo
declarado por el sujeto pasivo y así lo ha recordado la STS de 12-2-2004 en contra de lo propugnado por
ciertas voces. Si bien -como razonan las SSTS de 18-6-2009 o 7- 10-2010 - "la Administración no puede
eliminar sin más los datos declarados, debiendo realizar los actos de comprobación o investigación necesarios
en aquellos casos en que no estime ciertas las declaraciones". En efecto, a la Administración Tributaria le
corresponde acreditar los extremos de hecho que doten de legitimidad su liquidación tributaría y que puedan
considerarse suficientes para contradecir la declaración del obligado tributario.
[...] Dicho lo anterior y centrándonos ya en el caso enjuiciado, lo que la Administración Tributaria
Autonómica Valenciana y TEAR denominan dictamen de peritos, en el que se justifica la comprobación
de valores, tiene como premisas los datos descriptivos del inmueble consignados en la "ficha catastral" y
relativos a superficie, estado, antigüedad, etc., datos que no fueron contrastados in situ por los sedicentes
peritos. La Administración Tributaría Valenciana, con esto, se fía a la descripción catastral. Esta descripción,
aunque vincule al sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al sujeto pasivo del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (si es que la consintió después de notificada),
y aunque la persona interesada tenga que combatirla cuando pretenda su modificación ( art. 3.3 Ley del
Catastro ), no tiene por qué coincidir necesariamente con la realidad, pudiendo ser legítimamente desmentida
al presentar la declaración o autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pues sus leyes reguladoras no imponen que la
descripción catastral sea punto de partida preceptivo en el cálculo de la base imponible. En este momento, es
importante resaltar que la Administración Tributaria aplica, sobre la descripción de la "ficha catastral", todos los
demás parámetros de cálculo para su comprobación (valores de suelo, de la construcción, coeficientes, etc.).
Por otro fado, los estudios de la Dirección General de Tributos Valenciana sobre los valores del suelo y
los de la construcción, si bien pudieran tenerse como un punto de partida, meramente indicativo, dentro de una
adecuada comprobación, los mismos no dejan de atender criterios generales, siendo en realidad que cada uno
de los inmuebles incluidos en las zonas, calles o parajes acotados no tienen que equipararse necesariamente
a estos efectos.
Cabe decir que, en la gestión del impuesto que nos ocupa, la Administración Tributaria Autonómica
remeda la ponencia de valores catastral, pues lo hace desde su propia descripción y valoración generalizada
y previa de todos los inmuebles del territorio, lo cual desnaturaliza la gestión individualizada contemplada en
la ley reguladora del impuesto, de modo que la noticia que recibe a través de la declaración tributaría tan sólo
ofrece relevancia sí la base declarada es inferior a los mínimos sentados por los estudios administrativos.
Este sistema genérico y previo de valoración no está amparado por la ley del impuesto y no puede
asimilarse al "dictamen de peritos" del art. 57.1 letra e) de la LGT ; más bien, tal sistema vendría a encajar
en la figura de la letra b) del dicho precepto legal, "estimación por referencia a los valores que figuren en los
registros oficiales de carácter fiscal".
El principio de unidad de doctrina y seguridad jurídica obligan a mantener el mismo criterio, solamente
indicar que las argumentaciones sobre la Orden de 23/2.013, en nada afectan para mantener la opinión
contraria, pues la referida Orden al establecer un sistema de coeficientes para la determinación del valor del
inmueble no obvia las inmotivaciones de la comprobación de valores realizada por la administración, que
persisten en los errores y vicios señalados por la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, entre las que
se encuentra la sentencia citada.
Con lo dicho el presente recurso contencioso-administrativo debe ser estimado.
TERCERO.- Conforme al art. 139.1 de la Ley Reguladora , modificada por la Ley de 10 de octubre
de 2.011, se imponen las costas a las demandadas, si bien limitándolas a la cuantía máxima, por todos los
conceptos, 1.000 €.
VISTOS los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general aplicación
FALLAMOS
Debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Santiago
contra la desestimación presunta por silencio administrativo del T.E.A.R de la Comunidad Valenciana de
la reclamación económico- administrativa interpuesta contra la liquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales número NUM000 , de fecha 20 de mayo de 2.014, girada por OL de Elche y por importe de
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5.249,89 €., que se anula y deja sin efecto; y todo ello imponiendo a las demandadas las costas en cuantía
máxima de 1.000 € por todos los conceptos.
A su tiempo, con certificación literal de la presente Sentencia, devuélvase el expediente administrativo
al centro de su procedencia.
Esta Sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída por el Magistrado Ponente el día de su fecha
estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo cual yo, como Secretario de la misma, certifico
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales

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